Mantenemos un compromiso explícito de protección de los derechos humanos en todos los territorios y países en los que operamos, que se materializa en la cultura empresarial a través de los 10 Principios de respeto a los derechos humanos, recogidos en el Compromiso con la promoción y el respecto de los derechos humanos, aprobado por el Consejo de Administración de Redeia en 2022, y promocionados en la Política de Sostenibilidad de Redeia y en el Código Ético y de Conducta.

Estos principios, que revisamos anualmente, se han elaborado teniendo en cuenta los derechos humanos tradicionales y emergentes reconocidos internacionalmente, los sectores en los desarrollamos nuestra actividad y los mecanismos de reclamación que ponemos a disposición de todos los grupos de interés. Este análisis periódico nos permite estar alerta e identificar cualquier nuevo riesgo derivado del día a día o de un cambio de perímetro de la compañía.

Así, por los sectores y las geografías en la que operamos en la actualidad, nuestros principales riesgos en materia de derechos humanos son el trabajo forzoso, el trabajo infantil, la trata de seres humanos, la libertad de asociación, la negociación colectiva, la igualdad de remuneración, la discriminación, la salud y la seguridad, el trabajo decente, la privacidad y la seguridad de los datos, la identidad y los derechos sociales, culturales y económicos de los pueblos indígenas, la propiedad privada, el medio ambiente saludable y la gestión ética.

Redeia también está comprometida con los derechos laborales. Muestra de ello son entre otras, las disposiciones contenidas en los convenios colectivos de empresa propios (Red Eléctrica de España S.A.U., de Redeia Corporación, S.A. y Redeia Infraestructuras de Telecomunicación S.A.), que son en su en su conjunto, y tal y como se establece en sus artículos 6, más beneficiosas para el personal que las establecidas por normativa legal o reglamentaria vigente. De tal manera, en ellos, se aborda el pago de un salario digno mediante el establecimiento de tablas salariales con mínimos brutos anuales en función de la categoría profesional de cada empleado. Este compromiso se refuerza con el objetivo de un sistema de compensación competitivo y equitativo, recogido en la Política de Personas. Asimismo, en dichos convenios, se establece también explícitamente la minimización de la realización de horas extraordinarias y fija un máximo de horas de trabajo anuales (1.686 en Red Eléctrica, S.A.U., 1.690 horas en Redeia Corporación, S.A. y 1.698 en Redeia Infraestructuras de Telecomunicación, S.A.). La igualdad de remuneración entre hombres y mujeres es un principio transversal, garantizado por la "ausencia de toda discriminación por razón de sexo" reflejado de igual manera en los convenios colectivos de empresa propios, así como en el Compromiso con la protección de los DDHH y la Política de Personas. Redeia está comprometida con el pago de las vacaciones anuales a los trabajadores, tal y como se recoge en la Memoria Organización Saludable 2024, donde se especifica que son íntegrmente remuneradas.

También trabajamos con los grupos de interés que podrían verse afectados, prestando especial atención a los grupos vulnerables, como mujeres, niños, poblaciones indígenas, trabajadores inmigrantes, empleados de terceros, comunidades locales, personas con discapacidad, grupos LGBTI o minorías étnicas. En nuestro alcance también están los empleados, propietarios de terrenos y, por supuesto, la sociedad en su conjunto.

Con el objetivo de extender este comportamiento a lo largo de la cadena de suministro, ampliamos la obligación con los derechos humanos a nuestros proveedores a través del Código de conducta para proveedores.

Desde 2013 venimos desarrollando análisis anuales de debida diligencia con alcance a todas las empresas de Redeia (incluyendo las sociedades de ARGO y TEN), para identificar, evaluar, remediar, mitigar y prevenir posibles riesgos o impactos en materia de derechos humanos derivados de nuestra actividad directa (como operaciones propias, nuevas relaciones comerciales y otras actividades relacionadas con la empresa) e indirecta (cadena de valor).

Este proceso de debida diligencia se aplica a todos los titulares de derechos incluidos en nuestro Compromiso: grupos vulnerables, mujeres, niños, poblaciones indígenas, trabajadores inmigrantes, empleados de terceros, comunidades locales, personas con discapacidad, grupos LGBTI o minorías étnicas. En nuestro alcance incluimos a los empleados, propietarios de terrenos y, por supuesto, la sociedad en su conjunto.

Este mecanismo, regulado en nuestra normativa interna, “Guía de actuación de debida diligencia en derechos humanos para actividades propias”, consta de tres etapas:

• Determinamos los impactos potenciales y reales: a partir de los derechos humanos y de los titulares de derechos recogidos en nuestro Compromiso, identificamos, priorizamos y evaluamos, con una metodología propia basada en la probabilidad de ocurrencia del impacto y la severidad del mismo, posibles impactos negativos, potenciales y reales. Asimismo, analizamos nuestras políticas, compromisos y mecanismos de control para minimizar estos riesgos, asegurar el respeto de los derechos humanos y remediar posibles vulneraciones de los mismos. Finalmente obtenemos el mapa de riesgos de los derechos humanos, que actualizamos de manera anual.
• Implantamos medidas de prevención, mitigación y remediación: integramos las conclusiones del mapa de riesgos de derechos humanos en las funciones y procesos de la compañía y planteamos e implementamos medidas de prevención y/o mitigación con objetivos concretos de mejora. Ante cualquier vulneración identificada, nos proponemos reparar el daño ocasionado y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas.
• Seguimos las medidas implantadas: evaluamos el desempeño de las medidas a partir de indicadores cualitativos y cuantitativos previamente definidos, al menos cada doce meses. Si los resultados no son los deseados y/o perdura el daño ocasionado, revisamos la definición de la medida y realizamos consultas a los empleados y a las partes interesadas para construir nuevas soluciones en colaboración.

El resultado de la debida diligencia ha evidenciado, hasta la fecha, que presentamos un nivel de riesgo bajo de vulneración de los derechos humanos y que nuestra actividad en ningún caso ha vulnerado los derechos humanos de ningún grupo de interés.

Es necesario señalar que, si bien Perú cuenta con población indígena, no existen poblados o comunidades indígenas en el área de influencia directa de nuestras actividades y, por tanto, no existe afectación a dicho colectivo. Además, tal y como se deriva de nuestro Compromiso, nos comprometemos a respetar la libertad y los derechos de las minorías étnicas y de las comunidades indígenas.

Adicionalmente, trasladamos nuestro compromiso en materia de integridad y derechos humanos a terceras partes con las que pretendemos mantener relaciones de cualquier naturaleza y aplicamos medidas de debida diligencia en función del riesgo del tercero, a través de la “Guía de actuación de debida diligencia en integridad y derechos humanos para terceros” (operaciones corporativas, socios comerciales, agentes externos, administradores, equipo directivo, entidades colaboradoras del entorno social, propietarios y titulares de terrenos, proveedores y clientes).

Antes de formalizar relaciones con ellos, obtenemos información sobre su integridad y su gestión de los derechos humanos, poniendo el foco en los empleados, los grupos vulnerables, los propietarios de tierras y la sociedad en su conjunto. Establecemos medidas de diligencia debida que aplicamos en función del riesgo del tercero y de las características de la relación.

Con el fin de garantizar la mejora continua en el ámbito de la debida diligencia, revisamos anualmente las normativas internas que rigen estos dos mecanismos.

El Canal ético y de cumplimiento accesible a todos nuestros grupos de interés, es el mecanismo formal de Redeia para consultas y denuncias relacionadas con los derechos humanos..

Si necesitas trasladar sus inquietudes en relación con este ámbito, también puedes hacerlo a través del Servicio DÍGAME o del Canal ASA (Atención y Soporte de Aprovisionamientos) si eres proveedor. Adicionalmente, promovemos y mantenemos una relación permanente con las áreas locales en las que estamos presentes.

Para tratar adecuadamente las solicitudes ante posibles vulneraciones de los derechos humanos, los empleados que gestionan estos canales reciben formación periódica.

Publicamos anualmente los resultados del proceso de debida diligencia en derechos humanos, incluyendo los impactos potenciales y reales identificados así como las medidas adoptadas y sus resultados, a través del Informe anual de Sostenibilidad. Asimismo, publicamos el Informe anual de gestión de la ética con un análisis de las posibles denuncias recibidas en esta materia.

Periódicamente impulsamos actuaciones de comunicación y sensibilización interna y externa dirigidas a empleados y proveedores de la compañía.